Tomar alcohol en la calle tendrá multa de USD 170

17 de septiembre de 2014 05:00 AM

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El consumo de alcohol quedará limitado al espacio privado. El Concejo Cantonal aprobó ayer una ordenanza que sanciona libar en espacios públicos con una multa equivalente al 50 por ciento del salario básico.

La discusión duró siete horas; la decisión fue unánime, aunque hubo puntos de desacuerdo.

La ordenanza prohíbe la compra, venta, entrega libre y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos: calles, avenidas, aceras, puentes, pasajes, plazas, canchas, escenarios deportivos, márgenes de los ríos, quebradas y áreas similares. Las casas comunales quedan fuera de la prohibición. Fiestas El consumo de licor en fiestas tradicionales centró la primera parte del debate. En el texto final se había incluido, por petición del consorcio de juntas parroquiales, una excepción para que en eventos como las fiestas de independencia y fundación de la ciudad, así como las de parroquialización y patronales, se autorice la distribución de bebidas alcohólicas.

La discusión duró siete horas; la decisión fue unánime, aunque hubo puntos de desacuerdo.

La ordenanza prohíbe la compra, venta, entrega libre y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos: calles, avenidas, aceras, puentes, pasajes, plazas, canchas, escenarios deportivos, márgenes de los ríos, quebradas y áreas similares. Las casas comunales quedan fuera de la prohibición.

El artículo fue eliminado tras ser sometido a votación. La concejal Monserrath Tello no estuvo de acuerdo con eliminar ese artículo. “No digo que beber en las calles sea un tema cultural; yo hago referencia a ciertas bebidas culturales en ciertos espacios y actividades, como el Pase del Niño, en donde se entrega chicha; el Carnaval o mingas, en donde la idea no es estar alcoholizados”, argumentó.

Sin embargo, la mayoría de los concejales coincidieron en que la ordenanza no debe tener excepciones. En un aspecto en el que sí estuvieron de acuerdo los ediles es que la normativa por sí sola no es la solución para los problemas de alcoholismo en el cantón.

A criterio de Tello, la ordenanza dejó de lado temas importantes, “esto debería estar dentro del área de salud pública, porque no solo se trata del alcohol en las calles, hay que generar espacios de educación, atención, albergues...”.

El concejal Xavier Barrera, proponente de la ordenanza, defendió el proyecto y dijo que este es un primer avance, que se centra en regular el uso del espacio público. La norma no regula la venta de bebidas alcohólicas en tiendas o espacios privados.

El concejal Xavier Barrera, proponente de la ordenanza, defendió el proyecto y dijo que este es un primer avance, que se centra en regular el uso del espacio público. La norma no regula la venta de bebidas alcohólicas en tiendas o espacios privados.

Multas Las infracciones serán sancionadas con el 50 por ciento del salario básico unificado, es decir 170 dólares. En el caso de reincidencia la multa será equivalente a una remuneración mensual, que este año es de 340 dólares.

En el cobro de multas habrá excepciones. Los ciudadanos que demuestren la falta de recursos económicos deberán cumplir la sanción con trabajo comunitario en beneficio del cantón. Las multas no se aplicarán a quienes padezcan adicción al alcohol. (JBA)

Una vez que la ordenanza entre en vigencia, que según anunció el alcalde Marcelo Cabrera será en ocho días, habrá un periodo de 30 días para difundir la nueva normativa y los controles serán persuasivos, sin multas económicas. En ese tiempo se deberán firmar los convenios para asegurar la colaboración del Ministerio del Interior y la Policía en la parte operativa.

Los miembros de la Guardia Ciudadana y la Policía se encargarán de los controles. Las personas que infrinjan la norma recibirán una boleta y luego serán sometidas a un proceso de juzgamiento. Los ciudadanos tendrán cinco días para impugnar; el juzgamiento estará a cargo de los excomisarios municipales, que hoy son los funcionarios administrativos con potestad sancionadora. Las notificaciones pasarán a la Dirección Financiera del Municipio y las multas se pagarán en Tesorería.

Los miembros de la Guardia Ciudadana serán los encargados de controlar la aplicación de la ordenanza. Pero, según su comandante, Guillermo Cobo, la institución no cuenta con el personal y los recursos necesarios para asumir esa responsabilidad, aunque la Gobernación del Azuay comprometió su apoyo a la ordenanza con miembros de la Policía.

Cobo explicó que Cuenca tiene 60 guardias ciudadanos, que equivale a uno por cada 6.000 habitantes, una cifra baja en comparación con otras ciudades, como Quito, que tiene 2.000 guardias.

El presupuesto de este año aumentó de 1.050.000 dólares a 1.400.000 dólares, con lo que se planifica contratar a 40 guardias más y adquirir recursos para movilización y capacitación, informó el comandante de la Guardia Ciudadana.

Fuente: feedproxy.google.com

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