"Cuando se acabe esta pesadilla los jueces deberán pagar por sus fallos políticos"|Enrique Herrería Bonnet, en "Ahora a quemarropa" con Carlos Vera...

16 de septiembre de 2014 03:00 PM

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"Cuando se acabe esta pesadilla los jueces deberán pagar por sus fallos políticos"|Enrique Herrería  Bonnet, en "Ahora a quemarropa" con Carlos Vera...

El titular del Observatorio de Derechos y Justicia, Dr. Enrique Herrería, afirmó que ante una inadecuada administración de justicia y la vulneración a las garantías del derecho y del debido proceso, que son responsabilidad del Estado, todo el mundo está recurriendo a la justicia internacional. Agregó que las sentencias de esos tribunales internacionales deben ser acatadas por el Estado y que cuando cambie esto y regrese el estado de derecho, el Ecuador deberá pagar millonarias indemnizaciones. Ellas las deberán pagar los jueces y funcionarios gubernamentales causantes de las condenas, fallos y sentencias de origen político.

Continúa la serie 'La justicia secuestrada en Ecuador'. En el cuarto programa de ‘Ahora... ¡A Quemarropa!’, Carlos Vera entrevista a Enrique Herrería Bonnet, titular del Observatorio de Derechos y Justicia, quien afirma que en el Ecuador no es existe un Estado de derecho y que, por el contrario, funciona “un sistema de justicia cooptado por parte del poder político que, a quién no obedece, lo sanciona”.

En la entrevista realizada por Carlos Vera, Herrería Bonnet, cuestiona el secuestro de la justicia ecuatoriana y el deterioro ético de la sociedad. “Lo que han hecho es montar toda una superestructura legal para decir: nosotros no estamos cometiendo un arbitrariedad. Tenemos la norma sancionadora, la norma que nos atribuye facultades. Además, tenemos esta Constitución”. Para Herrería, “se han quebrantado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano que creyó que era un proceso novísimo para asegurar derechos y garantías de la mayoría del Ecuador”.

En la entrevista realizada por Carlos Vera, Herrería Bonnet, cuestiona el secuestro de la justicia ecuatoriana y el deterioro ético de la sociedad. “Lo que han hecho es montar toda una superestructura legal para decir: nosotros no estamos cometiendo un arbitrariedad. Tenemos la norma sancionadora, la norma que nos atribuye facultades. Además, tenemos esta Constitución”. Para Herrería, “se han quebrantado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano que creyó que era un proceso novísimo para asegurar derechos y garantías de la mayoría del Ecuador”.

“Estamos viendo que luego de este proceso inédito en el mundo (…), en el cual se hizo unas reformas, una consulta, en el cual se cambió una normativa constitucional con el único propósito de designar una Corte Nacional de Justicia y un Consejo de la Judicatura, en realidad se crearon una serie de disposiciones legales para tener sometidos a los jueces del país”, explicó Herrería.

Para Herrería, todas las políticas que se han venido implementando en el terreno de la justicia son parte de un plan premeditamente establecido. De ahí el porqué de “que en un acto de irresponsabilidad haya un candidato que llega a la Presidencia de la República sin haber propiciado lista de asambleístas para un equilibrio en la correlación de fuerzas del país. No les interesaba porque ya tenían premeditadamente dispuesto acabar con la democracia en el Ecuador”.

Lo que terminó de asfixiar a la justicia ecuatoriana para Herrería fue “hacer una designación de la Corte Nacional de Justicia (…) a través de un procedimiento que ha sido impugnado, no por los críticos del Gobierno; el procedimiento ha sido impugnado, por el propio juez español Baltasar Garzón. Y él dice que ese proceso, no solamente en el manejo de los recursos materiales para cambiar de infraestructura logística, de edificios, deja mucho que desear, sino señala con nombre y apellido a jueces que a quienes se les concedió puntos sin que tuvieran los merecimientos para acceder al cargo de la CNJ”

A pesar de que este proceso estuvo legitimado por consulta popular, “la Democracia Plebiscitaria es un atentado contra el Estado de Derecho”, asegura el entrevistado, quien además advierte que no se puede depreciar los elementos y principios fundamentales que conforman un Estado de Derecho y por tanto de la democracia, so pretexto de una votación mayoritaria que anula la irrebatible independencia de poderes.

Enrique Herrería puntualiza que se ha creado “una súper estructura legal en el país”, ya que persiste un poder absoluto que, desde 2007 ha ido acrecentándo su mayoría parlamentaria a la par de haber creado una serie de normas legales que permiten un guión perfectamente diseñado del correísmo. Esta estructura legal montada permite que el Gobierno pueda justificar sus excesos, como sucedió en el nazismo: “Nosotros no estamos cometiendo un arbitrariedad. Tenemos la norma sancionadora, la norma que nos atribuye facultades. Además tenemos esta Constitución a partir de la cual nosotros empezamos a elaborar una serie de disposiciones”.

Herrería afirma que siempre hubo un plan premeditado para acabar con la democracia, no solo en el Ecuador, sino en el continente, plan que tuvo su origen e en el Foro de Sao Paulo y que siguen un mismo patrón: el de Cuba. Y agrega: "todas las Constituciones son similares. La Constitución nicaragüense, la boliviana, la venezolana, la ecuatoriana, todas responden a un mismo patrón, y lo digo en los dos sentidos".

La creación de esta superestructura está atravesada por la ilegalidad; “no porque una norma sea expedida por el orden parlamentario competente, sancionada por la Función Ejecutiva tiene legitimidad”, asegura Herrería, quien además añade que “la legitimidad proviene de los valores éticos y morales de una sociedad, que son positivados, dicen los juristas, a través de una norma con carácter imperativo obligatorio”. La legitimidad se origina en valores éticos. En democracias plebiscitarias, donde la manipulación al pueblo impera, “se lo somete para que acepte determinadas normas jurídicas que van a perjudicar la convivencia armónica de la sociedad”.

El abogado señala que es menester que la sociedad ecuatoriana empiece a construir una visión crítica que la ubique en un lugar disidente desde donde se oponga a los excesos del Gobierno. “Se han quebrantado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano que creyó que era un proceso novísimo para asegurar derechos y garantías de la mayoría del Ecuador. Estamos viendo que eso no se cumple. Hay un sistema de justicia cooptado por parte del poder político.

El horizonte ético es un elemento muy importante para Herrería: “Si algo debe caracterizar a los seres humanos y mucho más a quienes ejercen facultades jurisdiccionales, es un alto sentido de la independencia y la dignidad. Yo he sido también juez y nunca permití que nadie se atreviera a sugerirme cómo debía resolver una causa”. Al contrario, en el Ecuador los procesos éticos han sido gravemente deteriorados. “Hay parlamentarios que no dicen ni pío en la asamblea y están ahí esperando disposiciones para saber cómo votar. “Yo vi cuando estaba en la Asamblea un acto bochornoso: estaban repartiendo unos papelitos, diciendo cómo se debía votar”, comenta Herrería, quien fuera legislador en el periodo 2009-2013.

La arbitrariedad del aparato de justicia en el país se evidencia en los juicios que varias de sus víctimas emprendieron, acudiendo a organismos internacionales, y ganaron o están en el proceso de ganar. “Cuando regrese el Estado de Derecho, cuando haya justicia independiente, ya habrán salido del país a cortes internacionales las demandas de los agraviados y tendrán que enderezar esas demandas para que el Ecuador pague millonarias indemnizaciones (…) con nuestros tributos”

Al presente existen algunos jueces que tratan de actuar de una manera cauta; cuando se retome un Estado de Derecho verdadero, tendrán que responder por cada acción emprendida de modo arbitrario en un futuro no tan lejano. “Yo creo que faltan tres años para que termine esta pesadilla”, puntualiza. Considera que al momento la Procuradoría carece también de independencia del poder político.

Herrería es parte del Observatorio, de Derecho y Justicia. Organización mediante la cual es posible que la voz de varios juristas a propósito de las peores injusticias, sean escuchadas. “Estamos haciendo una relatoría de todos los casos en los que hay una grosera intromisión del poder político en la justicia (…) Yo dejo un testimonio para el futuro para que se sepan cuáles fueron los jueces que afectaron derechos fundamentales de los ecuatorianos”, comenta. Los casos analizados con: Cléver Jiménez, Mery Zamora, Los diez de Luluncoto, El Central Técnico, la intromisión en el canal del Estado “donde una contravención por haber roto un vidrio que ameritaba una sanción de 4 días se les dio varios años de prisión”. El propósito del Observatorio es visibilizar la agresión del poder a los sectores críticos, sociales, indígenas.

En la última parte de la entrevista con preguntas a quemarropa también sobre sus actuaciones públicas y contradicciones, el jurista hace un llamado a la ciudadanía: “Creo que se debería comprometer más a una inmensa cantidad de ecuatorianos que ya han percibido que están perdiendo sus derechos. Creo que hay políticos que en vez de entender que la lucha en gobiernos que van caminando al totalitarismo se hace en las calles creen que lo pueden seguir haciendo en los sets de televisión. Creo que es una obligación ética de la clase política ecuatoriana hacer sentir su propuesta en las calles, contagiando a la gente que quiere que se vuelva a un estado de derecho. No hay que estar preocupado únicamente de medir en función de las encuestas. (…) Se deberían incluir todos los sectores democráticos y sociales”, ratifica.

Todos estos sectores sociales deberían compartir una posición política desvinculada de partidos políticos e imposiciones hegemónicas. “Creo que hay que retomar lo que dijo Jaime Roldós en el 79: Hacer un ancho cauce democrático en el que converjan todas las corrientes libres del Ecuador para proponer un programa de gobierno y un líder que responda a las aspiraciones de los ecuatorianos”, explica.

Herrería demuestra que en el Ecuador la justicia ha sufrido una regresión de doscientos años: “hace doscientos años Cesar Beccaria establecía el principio de intervención penal mínima por parte del estado. Esto significaba no criminalizar conductas sino únicamente aquellas que causaban alarma ciudadana, que afectaban bienes jurídicos tutelados por la sociedad. Ahora, con el nuevo Código Penal, nosotros vemos una serie de nuevas disposiciones, es decir, actos, acciones de los ciudadanos que en ninguna latitud constituyen ni siquiera una pena de contravención, aquí ya se los está criminalizando con penas muy severas con el propósito de silenciar a la sociedad ecuatoriana”.

Fuente: ecuadorenvivo.com

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